Desde el pasado 1 de julio las comercializadoras empezaron a emitir las primeras facturas de acuerdo con el nuevo sistema para la metodología del cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor, aprobado por decreto el mes de marzo anterior, a aplicar a todos los clientes que se encuentren en el mercado regulado. Este sistema de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) supone un cambio en la  manera por la que se calcula el precio de la energía en la factura; antes se fijaba mediante una subasta trimestral y ahora se factura a partir del precio que tenga en cada momento en el mercado de la electricidad.

Este nuevo método de cálculo será de una enorme complejidad, ya que se aplicará una tarifa diferente a cada hora del día, hecho que imposibilitará, a la práctica, que el consumidor pueda hacer un uso racional y ajustar su consumo a aquellos momentos del día en que le va a salir más barato poner una lavadora, a no ser que previamente haya ido consultando el precio. De hecho, ya se han comenzado a comercializar “dispositivos inteligentes” que controlan las 24 tarifas por día, recomendando al usuario en tiempo real el uso de los electrodomésticos en los momentos de menor coste.

De momento no puede implementarse la nueva modalidad de cálculo porque tanto las comercializadoras como las distribuidoras deben adaptar sus sistemas. Por ello y mientras esté todo listo, las compañías aplicarán un precio medio.

Además, la compañía distribuidora, previa comunicación al usuario, se encargará de la instalación de un contador inteligente. De hecho, el proceso de sustitución de contadores ya ha comenzado y ya hay un pequeño porcentaje de los nuevos contadores instalados. Todo el parque de contadores deberá estar cambiado a fecha 31 de diciembre de 2018.

El llamativo el despliegue del sofisticado sistema (para quien pueda pagar la luz) y que, según el Ministerio de Industria, tiene por objeto “abaratar el coste de la energía, mejorar la competencia y aumentar la transparencia y la capacidad de elección del consumidor”, contrasta con el preocupante aumento de pobres energéticos existentes en España, y a los que dicha sofisticación no les resulta muy útil, sobretodo por lo que respecta a la capacidad de elección.

Según un estudio editado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), hay unos siete millones de españoles que son pobres energéticos, es decir, aquellos que necesitan más de un 10% de sus ingresos para cubrir las necesidades de energía en sus hogares. Los sectores más desfavorecidos, los más vulnerables: el 34% de ellos son parados y el 21% jubilados.

La oficina regional para Europa de la OMS realizó un estudio en 2011 que estimaba que el 30% de las muertes adicionales que se producen en los meses fríos se puede atribuir a la mala climatización de espacios interiores. En España eso se traduce, según el estudio de ACA, en 7.200 fallecimientos cada invierno.

Si bien en los últimos meses el Congreso de los Diputados ha debatido varias medidas para acabar con la pobreza energética, hasta la fecha no se ha llegado a aprobar ninguna de ellas. Lo que se traduce en que durante los meses de frío, las compañías cortarán el suministro a las familias que no puedan hacer frente a las facturas de la luz, al margen de que el mismo provenga de mala fe o imposibilidad; sin distinción ni excepción alguna por afectar a niños o personas mayores.

Paralelamente y en la misma línea de contraste, destaca la frialdad -nunca mejor dicho- de otra cifra: Desde el inicio de 2014, las eléctricas han aumentado su valor en bolsa más del 20%.