A raíz de una investigación llevada a cabo por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) en la que se han detectado presuntas irregularidades cometidas por el grupo Volkswagen en relación a las emisiones contaminantes de algunos de sus modelos, la propia marca ha visto obligada a acabar reconociendo haber trucado 11 millones de vehículos por medio de un software que falseaba las emisiones de dichos gases contaminantes cuando detectaba que se estaba sometiendo a una prueba para su medición. Por si fuera poco, las marcas Seat, Audi y Skoda, también incluirían dichos motores trucados en varios de sus modelos.

Lo primero que pone de manifiesto el escándalo es la ineficacia de los mecanismos de control de los distintos organismos de homologación, habida cuenta que los vehículos trucados se han estado vendiendo desde 2009 y han tenido que transcurrir nada menos que seis años para que, desde Estados Unidos, se descubra el fraude.

Si bien se desconoce a fecha de hoy el número de coches afectados, se calcula que, sólo en España, el fraude podría afectar alrededor de 250.000. A la espera de conocer el verdadero alcance, el Ministerio de Industria ha solicitado información a Volkswagen acerca de cuántos vehículos se han podido vender en el mercado español, al tiempo que insta al fabricante a que “presente todas las acciones que se proponen para solucionar el problema”. Al margen de lo que disponga la marca al respecto, resulta urgente se lleve a cabo una investigación y se adopten las medidas que garanticen la revisión de los posibles vehículos afectados, revisión que no podría en ningún caso llevar a cabo en exclusiva la marca, ya que poco más o menos ello supondría encargar la extinción de un incendio al pirómano que lo provocó.

Una vez identificados los vehículos afectados, es claro que todo comprador tiene derecho a ser indemnizado y a que se realicen todas aquellas modificaciones técnicas que aseguren la desinstalación del software de trucaje y corrijan las emisiones hasta los niveles indicados en las especificaciones de cada vehículo. Sin embargo, dichas modificaciones podrían suponer una reducción en la potencia del motor o un aumento en el consumo de combustible, en cuyo caso, el comprador, sin lugar a dudas, tendría derecho a exigir la devolución del dinero.

Además de las millonarias multas a las que sin duda la marca va a tener que hacer frente, debería responsabilizarse de los perjuicios causados a todos los compradores, algo que se nos antoja muy improbable no sólo por el enorme volumen de afectados, sino porque está en juego todo un sector estratégico de la economía con miles de puestos de trabajo asociados, directos e indirectos. Habrá que estar a la espera de cómo se desarrollan los acontecimientos, pero mucho nos tememos que, a fecha de hoy, aunque la Unión Europea tiene una oportunidad de oro para blindar la seguridad de los mercados de la zona euro exigiendo a Volkswagen la total reparación del daño causado, quienes va a pagar los platos rotos de este descomunal escándalo sean los consumidores.