Casi tres millones de niños viven en riesgo de pobreza en España. Un país líder en fracaso escolar en Europa, con una tasa de abandono del 21,9%, más del doble de la media del resto de países de nuestro entorno. Pero esas cifras no se deben, desde luego, al desembolso que deben realizar las familias al comenzar el curso escolar, pues el coste por equipar a cada niño asciende a 400€ de media.

De ese gasto, la mayor parte corresponde a los libros de texto. Esos que a cada cambio de plan educativo o sin él, se hacen inservibles de un año para otro, imposibilitando que otros niños los puedan aprovechar o sus padres intercambiarlos. Y no se deberá a que los sistemas para aprender a despejar la equis cambien radicalmente en cada curso, o que, con carácter anual, se deba reescribir la revolución francesa.

La realidad es que los libros de texto suponen un tercio de todo el mercado editorial. Sólo el año pasado, el sector facturó 830 millones. Un negociazo para las editoriales a costa del esfuerzo – en muchas ocasiones inasumible – de las familias.

Cabe preguntarse cómo siendo la educación gratuita un derecho fundamental consagrado por la Constitución, y disponiendo de otras opciones como son el soporte digital, no se estén aprovechando todos los recursos que sí garantizarían esa gratuidad, o cuanto menos, abaratarían en gran medida su disparatado coste actual. Igualmente resulta incomprensible que no se establezca un criterio homogéneo en todas las comunidades autónomas, que garanticen los mismos derechos a todos. En el País Vasco, por ejemplo, ya se ha iniciado la sustitución de los libros de texto por plataformas tecnológicas, siendo el Departamento de Educación el que asume el coste de las licencias digitales para los dos primeros cursos de primaria. No solo el coste que deben asumir las familias se limita a 27€ por alumno, sino que los niños podrán ir al colegio con normalidad, y no arrastrando el ya habitual trolley como si fueran a coger el puente aéreo a diario.